Hoy 14 de Abril (momento en que escribo esta reseña) ansío
en la podredumbre vigente la vuelta del espíritu tricolor puesto que se
conmemora el 81 aniversario de la II República.
Pero no pretendo acoger y transmitir el deseo del tríptico
conformado por igualdad, justicia y solidaridad o de deponer al monarca como un
grito altisonante propio del apasionamiento que se sobrepone al razonamiento.
Por este motivo procuraré desarrollar una reflexión desde una perspectiva
histórica ya que esta materia es tan sólo la memoria colectiva del humano y sin
esta no podemos divisar la planificación del futuro. Tras el desarrollo
culminaré en una conclusión socio-política.
Remontémonos a 1929 y 1931 un período de dificultades para
una España deprimida y reprimida por el gobierno de la restauración en el que
el monarca Alfonso XIII, casualmente Borbón, había retomado sus funciones regias
tras haber otorgado el poder al militar Primo de Rivera durante seis años para
que Berenguer, en una etapa conocida como Dictablanda, restaurara la
Constitución de 1876 y la normalidad constitucional. Le sucedería el Almirante
Aznar( tío abuelo del ex presidente) quien asumió el gobierno convocando
elecciones municipales que fueron falseadas electoralmente, propio de un
periodo característico por el caciquismo, la corrupción y el poder de clases
altas con un movimiento obrero totalmente reprimido. Al mismo tiempo que se
planeaban las elecciones y se desarrollaba el gobierno del almirante Aznar se
firmó el Pacto de San Sebastián que conformaría un Comité Revolucionario y otro
militar compuesto por los opositores al régimen desde republicanos o
socialistas a nacionalistas pasando con antiguos monárquicos con el fin de
derrocar el régimen impuesto.
Llevaría a cabo un golpe de estado fallido y serían
encarcelados algunos de los mismos que formarían parte del Gobierno
Provisional, como el caso del futuro Presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora.
Así un 14 de Abril tras las elecciones amañadas del 12, el
régimen sufrió el duro batacazo de la victoria republicana provocando la marcha
y renuncia del monarca Alfonso XIII con la proclamación de la II República.
Este nuevo soplo de aire fresco a una sociedad atrasada en
varios aspectos haría respirar el aroma de las nuevas constituciones de México
y Weimar o de la revolución bolchevique debido a que se pretendía incrementar y
plasmar los derechos de los trabajadores que estaban viviendo en condiciones
infrahumanas, desarrollar el campo, aumentar el nivel de igualdad social y
económico así como el progreso cultural y educativo del grueso de la población
que vivía alejada de tales oportunidades.
Para ello se llevó a cabo una Reforma Laboral que reflejaba
el acceso a la Seguridad Social, protección del trabajo infantil y femenino,
salario mínimo, jornada laboral de 8 horas, la primacía de los convenios
sectoriales sobre los individuales de empresa o la figura de Jurados Mixtos que
arbitraran la discusión entre patronos y
obreros bajo dirección del Estado.
El art. 1 de la Constitución de la II República decía
textualmente: España es una república democrática de trabajadores de toda
clase, que se organiza en régimen de justicia y libertad.
Mientras tanto, hoy día padecemos la Reforma Laboral firmada
entre gobierno y patronal sin ningún tipo de negociación colectiva, es decir se
ha llevado a cabo una reforma que crea más paro y más desigualdad disipando en
la memoria la figura de aquellos Jurados Mixtos al tiempo que el convenio que
imponga la empresa prevalecerá sobre el sectorial.
La Reforma Laboral republicana llegó como consecuencia de la
oposición creciente del movimiento obrero que realizó numerosas huelgas y
manifestaciones desde principios de siglo XX hasta la proclamación de la
república y continuó con tales protestas
en este período. Que paradójica es la historia, casualmente en estos meses
advertimos una campaña propagandística despectiva y repleta de peyorativos a fin de
deslegitimar las huelgas generales y
distintas manifestaciones. Esa es la
única y vaga premisa graznada por los medios financiados por la CEOE, los
bancos y el gobierno
También se redactó una Reforma Agraria que acabara con el
latifundio y castigara el absentismo del cultivo en beneficio de los jornaleros
a quienes se les asignaría los terrenos baldíos aunque esta medida se implantó
mínimamente por la oposición de grandes propietarios. De nuevo en escena los
terratenientes que no cultivaban su tierra abonando el germen de la miseria
social y económica al país. Habría que recordarles que uno tiene capacidad de
propiedad en medida que trabaja con su propio esfuerzo. Esa propiedad tal y como
podemos contemplar incluso en el II Tratado para el gobierno civil de John
Locke, uno de los precursores de la democracia y el liberalismo.
Asimismo se volvió a permitir la libertad de asociación
mientras esta misma semana hemos presenciado la intención del gobierno
neoliberal del PP de penalizar la resistencia pasiva y las manifestaciones pacíficas
reformando el código civil.
http://www.diagonalperiodico.net/Penas-de-carcel-por-participar-en.html
Pero no hay que olvidar los numerosos problemas que sufrió
la propia República, bien por su propia debilidad o por el poder innato hasta
ese momento de pequeños sectores de la población pero con gran capacidad opositora.
La redacción y ejecución de la Constitución fue algo arduo y
laborioso, en especial cuando se llegó a los art. 26 y 48 del texto en los que
se plasmaba una separación Iglesia-Estado para acabar con las subvenciones a la
Iglesia y para que el estado se ocupara de la educación de la población, mucha
de ella relegada en pueblos.
Un simple hecho que revela cómo la ideología enmascara la
realidad económica y social pues la Iglesia era un móvil de alienación
perteneciente a la clase burguesa y explotadora que difundía la moral del
letargo, del esclavo y la resignación para conducir al obrero carente de pan y
respeto a un sueño mortecino para que la clase dirigente siguiera con su
hegemonía socio-política y así asegurar su estado económico.
Todo este maremágnum de conflictos sociales, económicos y
políticos desembocaría a partir de 1932 en la creciente oposición de la derecha
católica, la quema de conventos, en el levantamiento de la Sanjurjada o el
bochornoso suceso represivo de la insurrección de Asturias en el que murieron
sobre unos 2500 mineros con unos 40000 prisioneros.
Esto acaeció tanto por la fuerza del opositor como por la
debilidad de la república puesto que se afirmaba una economía capitalista de
mercado con carácter socializante. Es decir en su propia definición le daba
armas a los centralizadores de la producción, la propiedad y la plusvalía hasta
entonces.
De esta forma llegaría el CEDA, un gobierno de derechas que
impulsaría reformas regresivas contra las socializantes promulgadas
anteriormente. A pesar del volver al gobierno una coalición de izquierdas (Frente
popular), esta se vería derrotada por el golpe de estado y estallido de la
guerra que ganarían los militares y la derecha católica y falangista.
La historia se repite, un intento de crear un estado más
social como ocurrió estos años con el Estado del Bienestar culmina con un
intento fallido por la acción de la derecha intrínseca en la política como si
de un virus ineludible se tratara. La misma clase que marca los dictámenes de
los mercados y la economía sobre la política actual.
Un ejemplo más de lucha de clases, de cómo las élites
centralizan el poder y dominan las
fuerzas y medios de producción disponiendo la hegemonía política y económica
que blinde su estado de libre competencia y acumulación de capital mediante
distintos medios como eliminando a sus competidores o incrementando el trabajo
con mismos o menos salarios.
Actualmente las PYME´s padecen serias dificultades mientras
conforman el 80 % del tejido empresarial y tributan lo acordado al tiempo que
las altas corporaciones como grandes empresas, bancos y transnacionales son
amnistiados fiscales. La clase trabajadora por su parte sufre la Ley de
Miseria, una ley creciente empleada por la élite para obtener beneficio a su
costa, la denominada plusvalía que se incrementa a favor del empresario, gran
empresario en su mayor parte, a la vez que el trabajador ve mermada su
capacidad adquisitiva o incluso de subsistencia.
Estos patronos aprovechan las disputas entre trabajadores
por la crisis de sobreproducción creada por los primeros, para llevar a cabo
sentencias legales que agraven la excesiva opresión en el plano de la hegemonía
política y social con la finalidad de enmascarar sus intereses económicos
basándose en la Ley de Miseria, hoy llamada Reforma Laboral.
Así, el ciudadano de a pie debe destruir el yugo que los ha
alienado y la propiedad privada que está en beneficio de unos pocos. Eso no
quiere decir que se suprima la propiedad fruto del trabajo propio pero sí de la
especulación y del usufructo.
Otro de los aspectos a corregir en una III República debería
ser el de la incoherente Constitución actual fruto de una transición que fue
llevada a cabo cuan un parche de forma apresurada en la tubería de las aguas
fecales fascistas. A parir de ese momento se distinguen dos errores derivados
de tal paradigma.
En primer lugar, si haces un arreglo de tal calibre hay que
preocuparse en llevar a cabo una tarea de mantenimiento y reparación. En
materia política vendría a decir que si se decidió ese tipo de orientación
transitoria habría que haberse preocupado por reformar la constitución y los
diversos artículos que contradicen unos a otros, siempre en beneficio de la
mayoría de la población, no en detrimento de esta, cómo resuelve la actual
Reforma Constitucional ordenada por el BCE.
Uno de ellos es el art.14 que establece que todos los
españoles somos iguales ante la ley cuando en otro artículo del texto
constitucional aparece un personaje al que se le atribuye la inviolabilidad
ante la ley. Ese es el rey, mantenido con nuestros impuestos que además es
superior a nosotros ante un tribunal, algo propio de las monarquías de hace dos
siglos.
Por otro lado, se
divisa otra incoherencia jurídica en lo referente a su aplicación. En otro
artículo se dispone que toda la riqueza del país está subordinada al interés
general, por lo que permitiría expropiar tierras no cultivadas para crear
empleo, penalizar la especulación que ha desembocado en tal caos u otorgar los
pisos desocupados para que una ingente cantidad de familias las habitaran con
un módico alquiler en función de sus posibilidades para que la Ley de Miseria
implantada a ellos fuera abolida.
En su lugar se ha permitido un incremento de la deuda por el
gran poder de la banca, su irresponsabilidad o vileza contra el interés
público, el incremento de desigualdad y pérdida de capacidad adquisitiva del
ciudadano medio y bajo, infravaloración del riesgo que puso la inmensa mayoría
de los recursos en la construcción, la sobredimensión del negocio bancario, la
pasividad de las autoridades ante tal situación como en el caso del gobernador
de el BdE nombrado por el PP o la flexibilidad para maquillar los balances de
activos y pasivos bancarios que se ha resuelto en la recapitalización a nivel
mundial de 3 trillones de euros(con T) por los agentes tóxicos a casusa de la insensatez
de los mercados.
En segundo lugar, no hemos parado de tragar desde 1975 hasta
hoy. El Jefe del Estado es un monarca que justificó el levantamiento de Franco,
causante de miles de muertes de sus compatriotas. Un monarca que fue parado por
el secretario Sabino Fernández Campos en su labor en el golpe de Estado. Ese
mismo estado “democrático” que sigue tragando hasta que se le reproduzca una
úlcera de corrupción puesto que sigue votando a los causantes de este germen
que cada vez se extiende más por administraciones locales, autónomas y
gubernamentales.
También hemos asumido como algo normal que las mujeres
cobren menos que el hombre, salarios que arribarán en el subsuelo y un despido
improcedente con el que la sentencia judicial no determina la readmisión sino
una indemnización de 20 días.
Por todo ello en un modelo de III República habría que
nacionalizar la banca a fin de establecer unos límites al negocio privado que
tan solo busca el lucro oligárquico. En concordancia con esta política socializante
en un estado socialista se deberían asentar las bases constitucionales sobre la
Declaración de los DDHH donde toda persona tiene derecho al trabajo en
condiciones equitativas, a igual salario por trabajo igual, remuneración igual
y equitativa que asegure la dignidad de su familia( por ello lo de la vivienda
mencionado anteriormente) o la limitación razonable del trabajo para que el
individuo pueda obtener la libertad más indispensable y carente en su mayor
parte en los estados del neodespotismo europeo, la libertad de pensamiento, que
permita el progreso cultural y el respeto del individuo.
Para seguir con la instauración de tal régimen y reformas la
democracia debería ser participativa, repito participativa, en la que el sujeto
principal de participación sea el ciudadano que exija, demande, se organice y
proponga a su altavoz legislativo y ejecutivo. Tal y como pretende y se
advierte en las distintas acampadas del movimiento ciudadano 15M donde se
conforman un cantidad de unas 22 comisiones en cada acampada.
Estos tipos de comisiones tendrían total legitimidad para
asumir el papel de asambleas en un Estado Federal puesto que el poder político
debe poseer el poder de altavoz y organización de propuestas de la base social,
pues sin base social no hay poder político. La antítesis es un poder político
corrupto como el de hoy día, no solo por el dinero, sino también por las
intenciones debido a la correlación que albergan el contubernio conformado por
Administraciones Públicas y Gobierno con Bancos y la CEOE. Es decir el 1% de la
población superpone sus intereses a los del resto en las distintas medidas,
acuerdos y reformas.
Asimismo se volvería a realizar la separación Iglesia-Estado
de la II República, pero sin ningún tipo de titubeo. Es surrealista que el
recorte en los PGE a la Iglesia Católica sea del 0 % continuando la subvención
de 10000 millones de € mientras se merman los pilares del estímulo económico.
Una economía que en la sociedad del consumo y el derroche es
propia de un depredador que se quedará sin presa, donde la propia definición de
consumo acoge el hecho destruir y extinguir, destruir el entorno para extinguir
los recursos por el beneficio a corto plazo.
En definitiva, desde la perspectiva marxista y republicana
atisbo un posible estado de futuro donde todos puedan vivir en igualdad,
justicia y solidaridad pero para vivir así hay que tener una cultura NO
ALIENANTE ,al contrario de cómo la difunden los medios de desinformación y
propaganda manipuladora actuales, así como sanidad y educación para tener la
libertad de vivir, de subsistir, de conocer la verdad y reformar el entorno
social, político, económico y medioambiental para vivir con austeridad, para
vivir con lo esencial no con recortes continuos que sólo acrecientan la Ley de
Miseria.
Pero para ello, no nos vale un escaparate con distintos
modelos de república o un clamor hueco que reivindique esta sin saber su
historia, sus errores, sus óptimas medidas y sobre todo su interpretación en la
actualidad. Estas características se deben aunar con la conciencia de clase,
porque el ciudadano ha de estar bien informado, movilizado y con unos objetivos
claros para desear y saber cómo desear el fin de esta situación de estafa-no de
crisis-, corrupción y caos.
La realidad no es la que nos imponen sino la que imponemos,
realizamos y culminamos.
Que esta realidad sea la III República en igualdad,
justicia, solidaridad y conciencia.
Antonio Jesús Morillo Carpintero
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